Desde Reportajes T13 se revelaron correos y documentos internos del Servicio Mejor Niñez que, según el medio, muestran que la diputada Maite Orsini fue rechazada en su intento de ser formalizada como familia de acogida de una adolescente de 15 años debido a una serie de incumplimientos, entre ellos el supuesto de haber facilitado a la menor un vaper con THC.
Según los antecedentes presentados en el reportaje, el proceso comenzó en febrero de 2023, cuando Orsini manifestó su interés en vincularse con la joven dentro de la red de Mejor Niñez. Sin embargo, los documentos internos del organismo muestran que se detectaron múltiples faltas que la institución consideró graves.
Entre ellas, habría dejado de asistir a las visitas pactadas, optando por contacto telefónico, y se consignó que la adolescente fue vista consumiendo marihuana a través de un vaporizador que ella misma dijo haber recibido de su “tía Maite”.
El reporte expone que, tras ser sorprendida con el vaporizador, la menor se habría mostrado desafiante con las cuidadoras y habría defendido que nadie podía requisarlo porque se lo había regalado la parlamentaria. Otros antecedentes señalados incluyen la entrega de dinero o la presencia de terceras personas no autorizadas en contextos vinculados al proceso.
La defensa de Orsini
Frente a la difusión de estos hechos, Orsini emitió un comunicado público en el que negó haber postulado formalmente al programa de familias de acogida, señalando que su vínculo con la menor corresponde a la figura legal de tercera significativa, que describe una relación de acompañamiento y afecto sin pasar por la formalidad del sistema de acogida.
La diputada también cuestionó la filtración de antecedentes sensibles sobre una adolescente bajo medidas de protección, calificándola como éticamente reprochable y contraria a la normativa vigente en materia de confidencialidad de niños, niñas y adolescentes.
Maite Orsini anunció que evaluará acciones legales para resguardar los derechos de la menor y establecer responsabilidades por la difusión de la información.
El caso ha generado discusión pública en torno a los protocolos de protección de menores, el manejo de información reservada por parte de los medios y los requisitos éticos y administrativos para quienes buscan formar parte de redes de acogida.
